La Reforma Administrativa (PEC 32) amenaza con el fin de los servicios públicos en Brasil

En los últimos años, Brasil ha sufrido una serie de ataques a la clase trabajadora. La reforma de las pensiones dificultó el acceso a la jubilación. La reforma laboral empeoró aún más las condiciones laborales. La reforma administrativa (PEC 32) podría poner fin a la oferta de servicios públicos a la población brasileña.

Con base en la mentira de la lucha contra los privilegios, el gobierno de Jair Bolsonaro presentó el plan que cambia las reglas de la función pública en Brasil, hace aproximadamente un año. El texto fue concebido por el ministro de Economía, Paulo Guedes. Este es el hijo de la llamada “escuela de Chicago”, ultra liberales que alguna vez trabajaron al servicio de Pinochet, en Chile, por ejemplo.

El principal ataque es contra el artículo 37 de la propuesta. El ítem abre el camino para la privatización total de los derechos garantizados por la constitución, como Salud y Educación. En la práctica, puede acabar con el Sistema Único de Salud (SUS) brasileño que atiende a millones de personas de forma gratuita. Las escuelas públicas también pueden tener sus días contados.

PEC 32 también se destaca por facilitar la contratación basada en la conexión de las personas con los políticos. Las licitaciones públicas prácticamente dejarán de existir. Así, una persona mejor clasificada en la prueba de competencia puede ser pasada por alto por alguien que tenga a alguien conocido en la administración pública.

El cambio facilitará la ocurrencia de esquemas ilícitos, ya que los servidores públicos difícilmente denunciarán casos de corrupción. Actualmente, Bolsonaro y tres de sus hijos se enfrentan a los tribunales por malversación de fondos públicos utilizando los sueldos de los asesores del gabinete. Esta práctica se volverá más común si se implementa el cambio.

La reforma administrativa también abre lagunas para el fin del mandato en cargos públicos. En la administración estatal, la estabilidad tiene como función principal garantizar la continuidad de la prestación de los servicios. Con el fin del mecanismo de protección, es seguro que la oferta y la calidad de la atención se deteriorarán significativamente.

También se prevén una serie de ataques a los derechos de los funcionarios públicos: desde la pérdida de beneficios como los cupones de alimentos hasta la reducción de salarios y jornadas laborales. Un dispositivo presentado ataca especialmente a las mujeres que reciben una remuneración complementaria. Estos extras se recortarán en función de la baja por maternidad.

El contrato temporal en el servicio público también se puede ampliar a 10 años. La medida podría simplemente acabar con la carrera pública, ya que los empleados temporales actuarán prácticamente de la misma forma que los contratados.

Como puede verse, el principal objetivo de la reforma administrativa es liberar al Estado brasileño de sus responsabilidades sociales. Todas las necesidades de la población se entregará al sector privado, permitiendo la exploración y el lucro, incluso de rubros básicos como Salud y Educación.

Foto: Lucas Martins

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