La construcción de una huelga general debe estar en la agenda de la unidad de las organizaciones y centrales sindicales
Cada vez es más urgente tirar a Bolsonaro, Mourão y sus compinches. Las razones son innumerables: el fomento de las aglomeraciones, el desprecio por las muertes y el contagio masivo del virus, con el desempleo y el hambre que crecen cada día y ponen al país en tiempos oscuros. Para empeorar el contexto de completa burla, las noticias del gobierno son sobre esquemas de pago de sobornos para la compra de vacunas. En resumen: para que la gente del gobierno pudiera ganar algo de dinero, cientos de miles de familias lloraron la muerte de sus familiares.
Sobre los escándalos con sospechas de corrupción en la compra de vacunas contra el covid-19, se sabe hasta ahora que un representante del Ministerio de Salud habría exigido a una empresa intermediaria la suma de 1 dólar por cada dosis comprada por el gobierno. El valor de la corrupción podría llegar a casi R$ 1 mil millones por la compra de 200 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.
La sospecha de corrupción está presente en otros dos episodios de compra de vacunas. Son los casos de la compra con sobreprecio de la vacuna Covaxin, con la participación directa del presidente Jair Bolsonaro, y la sospechosa compra de 60 millones de dosis de la vacuna Convidencia, a través de otra empresa intermediaria, Becher Farmacêutica do Brasil, que también es investigada por la Policía Federal y el Ministerio Público por fraude.
En relación con Covaxin, según la declaración del diputado Luis Miranda (DEM), Bolsonaro habría sido alertado en marzo de este año y, aun así, no habría actuado para evitar el delito de sobrefacturación. Incluso sin el aval de Anvisa (organismo que valida el uso de las vacunas), el Ministerio de Salud firmó el contrato con un valor muy superior al de otras vacunas ya adquiridas. Covaxin costaría 15 dólares por dosis, mientras que Pfizer cuesta 10 dólares por unidad. Las dosis de Convidencia costarían 17 dólares la unidad, incluso más caras que el Covaxin. Así también cae al suelo la justificación del gobierno por el retraso en la compra de la vacuna de Pfizer, ya que Bolsonaro había dicho que una de las razones era el alto precio del inmunizante.

Ante los últimos escándalos, organizaciones y fuerzas políticas presentaron la llamada “superpetición” de impeachment de Bolsonaro el pasado 31, en una jornada marcada por una fuerte manifestación en Brasilia, en el Distrito Federal. El documento, elaborado por la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), reúne 23 delitos cometidos por Bolsonaro, como la desatención a la pandemia, ataques al libre ejercicio de los tres poderes y a las libertades democráticas, incluyendo el caso más reciente que apunta a la prevaricación del presidente en el caso de las negociaciones para la compra de la vacuna india Covaxin, con fuertes evidencias de corrupción y pedidos de sobornos.
El presidente es más peligroso que el virus
Aunque Brasil tiene la amarga cifra de 518.066 muertos por Covid-19, y cifras asombrosas diarias de nuevas muertes y nuevos casos, el movimiento organizado y la clase trabajadora han considerado que la urgencia del derrocamiento del gobierno de Bolsonaro requiere la presencia de las masas en las protestas callejeras.
Es el caso de la población negra, pobre y periférica, que muere a causa del virus, el hambre o los disparos de la policía. También es el caso de los pueblos indígenas, que acampan en Brasilia desde principios de junio y permanecen movilizados frente al STF (Tribunal Supremo), por el juicio de la tesis del “Marco Temporal”, que ataca el derecho a la demarcación de las tierras indígenas. La cuestión, que restringe los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, iba a ser juzgada por el Supremo Tribunal Federal (STF), sin embargo, y muy probablemente debido a la presión de las movilizaciones, la decisión de la Corte fue posponer el análisis hasta el 25 de agosto.
Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de salir a la calle y reforzar las movilizaciones del 3 de julio, así como las programadas previamente para el 24 de julio, porque sabemos que no es este Congreso el que va a resolver nuestros problemas, sino el pueblo en la calle unido para expulsar a Bolsonaro y a Mourão. Hacemos el llamado nuevamente a las centrales sindicales para unificarnos en la lucha y construir la Huelga General Sanitaria, para parar el país y darle un golpe de muerte a este gobierno que quiere nuestra muerte.
Para esto, recuerda que nos mantendremos en las calles con seguridad, respetando el uso de máscaras, alcohol en gel y la distancia social. ¡La lucha es urgente! Fuera Bolsonaro y Mourão, ¡ya!